Estado de la Educación, cap 6

 Resumen  cap 6 con NotebookLM

Costa Rica enfrenta un desafío nacional inaplazable para aumentar el logro universitario en la educación superior. A pesar de que el acceso y la cobertura han crecido en las últimas dos décadas, estas mejoras no se han traducido en un aumento proporcional de la graduación universitaria.

Hallazgos Clave y Magnitud del Reto:

• En 2022, Costa Rica presentaba un rezago de 17 puntos porcentuales en logro educativo terciario en comparación con el promedio de los países de la OCDE. Se proyecta que esta diferencia aumente, alcanzando Costa Rica un 40,7% en 2035, mientras que la OCDE llegaría al 64,8%. Esto significa que en una década, Costa Rica apenas alcanzaría el nivel que los países de la OCDE tenían en 2014.

• Aunque las universidades otorgan alrededor de 48.000 títulos al año, la cantidad de nuevos profesionales graduados es de solo 27.000 anuales debido a la doble titulación (posgrados o dobles carreras). Las proyecciones no favorecen una mejora sustancial en el logro educativo.

• El bajo logro universitario es una necesidad apremiante para el desarrollo nacional. Está directamente asociado con el crecimiento económico, la innovación y el desarrollo humano, y es fundamental para la estrategia de crecimiento del país basada en talento humano calificado. Además, el rezago actual acerca a Costa Rica a una situación que ninguna otra nación similar ha logrado revertir en las últimas dos décadas.

• Factores estructurales externos a las universidades influyen significativamente en el acceso y la titulación. Estos incluyen el nivel socioeconómico de los hogares, el lugar de residencia (con brechas que favorecen la Región Central), la tenencia de equipos de cómputo, la situación migratoria, y la cantidad de horas trabajadas.

Meta Nacional Propuesta: El capítulo propone establecer como meta nacional alcanzar un 50% de personas adultas jóvenes con estudios universitarios para el 2034. Esto requeriría incrementar la asistencia universitaria del 21,8% actual a un mínimo del 35% para las personas entre 18 y 34 años. Sin embargo, ningún país ha logrado aumentar el logro educativo en más de 20 puntos porcentuales en los últimos 10 años, incluso con financiamiento y políticas explícitas.

Barreras y Oportunidades Actuales:

• Ausencia de metas claras: No existen metas específicas de logro en educación terciaria en las políticas públicas ni en los planes universitarios, lo que dificulta la aceleración de la graduación.

• Calidad de la secundaria: El acceso a la educación superior está limitado por deficiencias en el logro educativo en secundaria, con desequilibrios en la calidad y brechas regionales.

• Contexto fiscal y político: El país enfrenta un escenario fiscal y político desfavorable, con pocas oportunidades para destinar recursos adicionales a la educación superior. Las negociaciones del Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) se han endurecido, y la inversión social pública en educación ha disminuido.

• Opacidad en universidades privadas: La falta de datos e indicadores de gestión y resultados de las universidades privadas impide un análisis robusto y la propuesta de acciones específicas. La titulación en este sector ha disminuido desde 2014.

• Oportunidades: A pesar de las dificultades, Costa Rica tiene la posibilidad de avanzar aprovechando el "bono de secundaria" (aumento en la graduación de secundaria), reduciendo las diferencias regionales en el acceso y fortaleciendo los vínculos entre la educación superior y las necesidades del desarrollo productivo y social.

Acciones Universitarias Inmediatas Propuestas: El informe propone una estrategia basada en cuatro puntos de entrada para generar mejoras rápidas:

1. Crear rápidamente oferta de calidad a nivel de diplomados: Se busca fortalecer la educación técnica especializada, ajustando la oferta a las necesidades del mercado laboral y promoviendo su valor como una alternativa viable. Esto puede aprovechar la flexibilidad de las sedes regionales de las universidades públicas y un marco regulatorio ágil para las privadas. El Marco Nacional de Cualificaciones de Educación y Formación Técnica Profesional puede facilitar la movilidad.

2. Mayor aprovechamiento de cupos existentes y metas explícitas de graduación en las universidades públicas: Es crucial mejorar las tasas de graduación de los estudiantes ya matriculados. Se deben establecer formalmente metas de graduación como política universitaria, implementar estrategias focalizadas para reducir la reprobación, y utilizar tecnologías digitales para la docencia y el apoyo académico. También se recomienda optimizar el uso de la infraestructura existente, como las instalaciones universitarias en horarios de baja utilización.

3. Cambiar el sistema de incentivos para el diseño de la oferta académica: Se proponen pequeñas reformas normativas para incentivar una oferta académica más flexible y pertinente, incluyendo carreras de menor duración y trayectorias de certificación continua. También se sugiere reformar leyes que asocian la duración de las carreras con requisitos de ingreso y promover la transparencia de la información en las universidades privadas.

4. Resolver rezagos de cobertura y calidad en secundaria: Las universidades deben coordinar esfuerzos con el Ministerio de Educación Pública (MEP) y otros sectores para mejorar los niveles previos de formación. Esto incluye programas de nivelación, cursos de auto-nivelación para estudiantes de secundaria, orientación vocacional y fortalecimiento de la educación técnica y dual. A largo plazo, se enfatiza la necesidad de una política educativa sostenida y el respeto al mandato constitucional del 8% del PIB para la educación.

Gobernanza Universitaria y Desafíos Normativos: La gobernanza en las universidades públicas muestra un marco normativo amplio para la admisión, pero disperso y omiso en cuanto a metas y estrategias para garantizar la graduación. Las decisiones sobre cupos y oferta académica son emitidas por múltiples instancias, y la supervisión del cumplimiento efectivo de las normas es limitada. Aunque existen prácticas como el "cupo mínimo creciente" para ampliar el acceso, no están formalizadas con mecanismos sancionatorios. El sistema carece de disposiciones para flexibilizar la capacidad docente o para el cierre de ofertas académicas que han perdido pertinencia. El reciente convenio de Conare para el uso compartido de instalaciones es un paso positivo, pero su éxito dependerá de acuerdos específicos y de una cultura de cooperación.

En resumen, el futuro del país depende de la comprensión y el acuerdo de los diversos sectores sociales y políticos para abordar este desafío a través de acciones inmediatas y una visión a largo plazo que integre la gestión universitaria con cambios estructurales, asegurando una inversión adecuada y una mayor eficiencia en el uso de los recursos.

Estado de la Educación, cap 5

 Resumen cap 5 con NotebookLM

Este capítulo analiza las principales tendencias, el desempeño y los desafíos de la educación superior y para-universitaria en Costa Rica para el período 2023-2025, ofreciendo una perspectiva de largo plazo sobre la oferta, cobertura, financiamiento, marco institucional y resultados de los últimos 20 años. El análisis busca responder cómo ha cambiado el acceso y el logro educativo, las presiones y demandas que enfrentan las universidades, y los desafíos estratégicos para aumentar su impacto en el desarrollo nacional.

Hallazgos Relevantes y Valoración General:

• Acceso y Cobertura: En los últimos 20 años, el país ha logrado ampliar el acceso a estudios universitarios, reduciendo parcialmente las brechas de equidad. Hoy, las universidades matriculan a más personas de hogares en condición de pobreza y de regiones periféricas. La educación superior sigue siendo un importante mecanismo de movilidad social ascendente. Sin embargo, la expansión de la oferta (más universidades, sedes y carreras) no se tradujo en un crecimiento sostenido de nuevas personas profesionales.

• Rezago Internacional: Costa Rica se está quedando rezagada a nivel internacional en la proporción de personas jóvenes adultas (25-34 años) con estudios universitarios, siendo solo un 39% frente a un promedio de la OCDE con una brecha de 16,4 puntos porcentuales.

• Financiamiento: Ha habido fuertes oscilaciones en el financiamiento universitario, con una contracción acumulada desde 2019 que ha dejado a las universidades públicas en una situación similar a la de hace dos décadas en cuanto a inversión por estudiante. Los procesos de negociación del FEES son anuales y conflictivos. Las nuevas leyes de finanzas y empleo público imponen retos a la gestión presupuestaria de las universidades estatales. El apoyo de Conape al sector privado se ha contraído, aunque es cinco veces mayor en términos reales en 20 años.

• Crisis de Aprendizajes Preuniversitarios: La grave crisis de aprendizajes en la educación preuniversitaria está afectando el éxito académico de los estudiantes universitarios, con debilidades preocupantes en áreas como el dominio del inglés y la comprensión lectora en estudiantes de primer ingreso.

• Gobernanza y Marco Regulatorio: El sistema de educación superior sigue desarticulado, careciendo de un espacio estable de articulación entre universidades públicas y privadas para la planificación estratégica y la medición de impactos a largo plazo. La disponibilidad y calidad de la información sobre el desempeño del sistema, especialmente del sector privado, es limitada. Recientes cambios en el reglamento del Conesup podrían debilitar la fiscalización de la calidad en universidades privadas. El avance en la acreditación de carreras y la afiliación de universidades al Sinaes ha sido lento.

• Investigación y Desarrollo (I+D): Las universidades públicas siguen siendo las principales productoras de investigación en ciencia y tecnología.

• Empleabilidad y Movilidad Social: La población graduada universitaria mantiene mejores condiciones de empleabilidad e ingresos. Más años de educación universitaria se asocian a perfiles de pensamiento más democráticos entre estudiantes y docentes.

Desafíos Estratégicos:

El capítulo identifica seis desafíos estratégicos clave que requieren una agenda de políticas públicas precisa y un compromiso nacional renovado:

1. Fortalecer la articulación entre las instituciones de educación superior, creando espacios de diálogo y cooperación entre los sectores público y privado.

2. Asegurar la sostenibilidad fiscal de la educación superior pública, regresando a negociaciones quinquenales del FEES y mejorando la gestión de recursos.

3. Rediseñar la estrategia de cobertura territorial de las universidades, enfocándose en aumentar la cantidad de estudiantes en las sedes existentes y aprovechando las economías de aglomeración, en lugar de crear nuevas sedes.

4. Aumentar la eficiencia en la graduación sin comprometer la calidad, ya que las tasas de finalización de estudios en universidades públicas están significativamente por debajo del promedio de la OCDE. Esto requiere abordar la reprobación y el rezago académico.

5. Reposicionar el valor de la acción social y la extensión universitaria, mejorando la documentación y evaluación de sus impactos, ya que son funciones esenciales con un gran potencial para el desarrollo nacional.

6. Reforzar a las universidades como centros de formación cívica y ciudadana, dada su influencia en la promoción de valores democráticos y la libertad de expresión.

El capítulo destaca la urgencia de atender estos problemas, especialmente la necesidad de ampliar significativamente el número de personas con títulos universitarios para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo humano del país.

Estado de la Educación, cap 4

 Resumen cap 4 con NotrebookLM

A continuación, se presenta un resumen de la información proporcionada en los documentos sobre la situación de la inversión educativa en Costa Rica y las propuestas para avanzar hacia un sistema de calidad:

Contexto y Situación Actual de la Inversión Educativa:

Costa Rica ha experimentado un abandono gradual de la educación como pilar estratégico de desarrollo sostenible en los últimos años, lo que se ha manifestado en una contención sostenida del gasto público en educación. Aunque hubo un periodo de expansión presupuestaria entre 2000 y 2017, alcanzando el 7.5% del PIB en 2017 y el 7.4% en 2018, la asignación presupuestaria al Ministerio de Educación Pública (MEP) ha disminuido desde entonces, llegando al 5% del PIB en el presupuesto de 2025. Esto representa apenas el 61.25% del mandato constitucional del 8% del PIB para educación.

La regla fiscal, implementada en 2020, ha sido un factor clave que ha impedido el crecimiento del presupuesto del MEP. Los ministros de Hacienda han impedido sistemáticamente que el presupuesto del MEP crezca al ritmo permitido por esta regla, e incluso se han aplicado políticas fiscales aún más restrictivas. El presupuesto real destinado a la inversión educativa entre 2022 y 2025 apenas ha representado el 84% del presupuesto de 2018, lo que implica un recorte de al menos un 15%. La educación ha sido utilizada políticamente como una variable de ajuste fiscal, transfiriendo recursos a otros ámbitos del sector público para equilibrar las cuentas fiscales.

Este escenario de desinversión se agrava tras el "apagón educativo" experimentado durante 2018-2021, que reveló la vulnerabilidad del sistema ante las variaciones económicas y fiscales. A pesar de los esfuerzos previos de inversión, no se lograron mejoras significativas y generalizadas en los resultados educativos, en parte debido a la ausencia de mecanismos claros para monitorear y evaluar cómo el incremento presupuestario se traducía en resultados concretos. Además, la gestión administrativa del MEP ha mostrado debilidades estructurales, como errores en el pago de planillas, retrasos en la atención de reclamos y deficiencias en la gestión de fondos y recursos tecnológicos, lo que limita la eficacia de la inversión educativa.

Necesidades de Inversión para Abordar los Retrasos:

Para abordar los rezagos estructurales en el sistema educativo de forma inmediata, se requeriría una inversión adicional de 3.5% del PIB proyectado para 2025, lo que, sumado al 5% disponible, indicaría una necesidad del 8.5% del PIB. Sin embargo, este aumento no es factible ni presupuestariamente ni en cuanto a la capacidad de gestión del MEP para ejecutarlo en el corto plazo. Las proyecciones indican que el presupuesto del MEP continuará su trayectoria decreciente en relación con el PIB al menos hasta 2029, ubicándose entre el 4.5% y el 4.7% del PIB.

Propuesta de un Nuevo Acuerdo Nacional por la Educación:

El capítulo propone un nuevo acuerdo nacional por la educación como indispensable para revertir esta tendencia. Este acuerdo debería:

• Ir más allá del cumplimiento de una cifra porcentual del PIB, enfocándose en mejoras reales, sostenidas y verificables en la calidad educativa.

• Estar fundamentado en objetivos claros, medibles y consensuados que trasciendan ciclos políticos.

• Basarse en tres pilares fundamentales para un sistema educativo de calidad, identificados a través de un taller con expertos: 

1. Cobertura y Equidad: Asegurar la matrícula universal, el acceso efectivo al currículo completo y garantizar que estudiantes vulnerables permanezcan en el sistema, a través de programas como comedores escolares, becas (Avancemos) y transporte estudiantil.

2. Ambientes de Aprendizaje Óptimos: Infraestructura física y tecnológica adecuada (incluyendo conectividad de banda ancha, eliminación de órdenes sanitarias y bibliotecas escolares equipadas) que permitan procesos educativos modernos y efectivos.

3. Idoneidad del Cuerpo Docente: Abordar la formación inicial y continua, con capacitaciones basadas en diagnósticos de necesidades individuales, pruebas de idoneidad y condiciones laborales dignas que retengan y motiven al personal.

Factibilidad y Recomendaciones Clave:

Las metas propuestas requerirían incrementos graduales y sostenidos, pero inferiores a 0.30 puntos del PIB cada año. La inversión adicional necesaria se estima en 0.11% del PIB en el primer año (2026), creciendo paulatinamente hasta 0.34% del PIB para 2030, y luego manteniéndose alrededor del 0.31% del PIB. Estos montos se consideran financieramente factibles y manejables en los próximos años.

Existe espacio fiscal para que el MEP avance en el cumplimiento de estas metas, pero esto dependerá de la negociación política con el Ministerio de Hacienda y la prioridad que los gobiernos le den a la educación.

Las recomendaciones políticas enfatizan la necesidad urgente de:

• Revisar el marco regulatorio fiscal para permitir una inversión educativa acorde con las necesidades del país, explorando la flexibilización selectiva de la regla fiscal para rubros estratégicos.

• Fortalecer la gestión financiera y administrativa del MEP a través de la optimización de la planificación presupuestaria, la mejora en la ejecución de recursos y un estricto sistema de monitoreo y auditoría.

• Institucionalizar un sistema integral de evaluación educativa robusto que permita monitorear el desempeño del sistema y ajustar las políticas.

• Priorizar la inversión en infraestructura y equipamiento educativo.

Este plan de inversión corrige la principal debilidad del acuerdo del 8% del PIB: la falta de claridad en las aspiraciones y objetivos a largo plazo para esa inversión. La propuesta busca un compromiso con mejoras progresivas y continuas, demostrando la factibilidad de ese progreso dentro de las restricciones fiscales y la capacidad de gestión del MEP.

Estado de la Educación, cap 3

 Resumen del cap 3 con NoterbookLM

A continuación, se presenta un resumen de los hallazgos y recomendaciones clave sobre la situación educativa en Costa Rica, según los documentos proporcionados:

Estado de los aprendizajes y resultados PISA: Costa Rica enfrenta un severo rezago en habilidades fundamentales como la comprensión lectora y el razonamiento matemático, un problema que se arrastra desde la educación primaria. El país registró su peor desempeño en una década de participación en las pruebas PISA 2022, con una reducción de puntajes en las tres competencias evaluadas (lectura, matemáticas y ciencias). Nueve de cada diez estudiantes se ubican en los niveles más bajos de desempeño en competencia matemática, y la disminución en competencia lectora equivale a la pérdida de medio año lectivo entre 2018 y 2022. Estos bajos resultados revelan problemas de calidad sistémica que inician en la educación primaria y colocan a Costa Rica en desventaja frente a otras economías y países de América Latina. La baja variabilidad en los resultados PISA sugiere que el sistema educativo actúa como un "equiparador de baja calidad", promoviendo solo aprendizajes básicos. Los escenarios de bajos desempeños ya habían sido anticipados por informes anteriores, especialmente tras las huelgas de 2018 y la pandemia de COVID-19, que no tuvieron medidas remediales adecuadas.

Causas de los bajos resultados:

1. Programas de estudio y continuidad curricular:

o El Programa de Español muestra poca alineación con estándares internacionales en cuanto a habilidades, progresión en la comprensión lectora y niveles de dificultad de los textos. La comprensión lectora recae principalmente en la primaria y no hay lineamientos claros para su continuidad en secundaria, lo que impide avanzar a habilidades más complejas como la lectura crítica y analítica.

o El Programa de Matemáticas vigente muestra coherencia con el marco teórico de PISA y una progresión adecuada. Sin embargo, la falla reside en su implementación.

2. Prácticas y formación docente:

o Docentes de primaria revelan bajo conocimiento del desarrollo de los procesos de lectura y un empleo insuficiente de estrategias de mediación adecuadas en las aulas. La enseñanza de la lectura inferencial carece de estrategias específicas.

o Aunque los docentes de primaria de matemáticas tienen manejo teórico del programa, reportan una baja aplicación de estrategias didácticas específicas. Muestran carencias en su formación inicial para aplicar la estrategia de resolución de problemas y desarrollar habilidades fundamentales en matemáticas. El problema radica en la falta de herramientas didácticas y una formación generalista.

o La escritura es una práctica poco promovida en las aulas costarricenses, con un énfasis excesivo en aspectos normativos como ortografía y caligrafía, lo que puede afectar negativamente la motivación estudiantil. La motivación por escribir disminuye progresivamente desde tercer año de primaria.

3. Macroevaluación del desempeño estudiantil:

o Las pruebas estandarizadas nacionales de sexto grado aplicadas en 2023 son de baja calidad técnica. Presentan alineación parcial con los programas vigentes, niveles de dificultad inadecuados para el grado en que se aplican, y poca comparabilidad con estándares internacionales.

o Estos instrumentos brindan señales erróneas en cuanto a temas y estrategias a priorizar, y sus resultados sobreestiman las habilidades de los estudiantes.

o Existe una "pobreza en las evaluaciones" que impide al país prever y remediar bajos desempeños. La macroevaluación del MEP implementada a partir de 2023 es incompleta y de baja dificultad.

o En Español, la prueba no evalúa la competencia escrita ni habilidades de comprensión lectora más complejas (análisis, crítica, argumentación), enfocándose en lo literal. En Matemáticas, el diseño no cubre todos los elementos curriculares, y muchos ítems corresponden a grados inferiores.

o La dualidad del MEP como responsable de la calidad y ente evaluador genera conflictos de interés. Hay carencias de transparencia y rigor en la construcción y validación de las pruebas.

Recomendaciones para superar la crisis de aprendizajes:

1. Plan Nacional y Metas:

o El país requiere un plan nacional de recuperación y aceleración de aprendizajes, desarrollado conjuntamente por el MEP y las universidades.

o Se debe fijar una meta nacional de mejora en los resultados de PISA y enfocarse en fortalecer los programas de Español y Matemáticas con ayuda de expertos.

2. Fortalecimiento docente:

o Asegurar la articulación de la formación docente inicial con las políticas educativas nacionales, incluyendo las didácticas específicas para Español y Matemáticas en los currículos universitarios.

o Fortalecer el desarrollo profesional docente mediante capacitaciones efectivas en estrategias didácticas para la comprensión lectora, escritura creativa y resolución de problemas, especialmente para docentes de primaria.

o Valorizar y acompañar a los docentes, asegurando que las asesorías pedagógicas estén preparadas y que el personal docente cuente con recursos didácticos adecuados.

3. Mejora de la evaluación educativa:

o Crear un sistema nacional de macroevaluación independiente e integrado, que promueva una cultura de la evaluación para la mejora continua.

o Revisar y mejorar el diseño, aplicación y uso de las pruebas estandarizadas nacionales (diagnósticas, formativas o de promoción).

o Utilizar estándares educativos claros con niveles de desempeño consensuados.

o Implementar diseños de matrix sampling para pruebas diagnósticas o formativas, como hacen las pruebas PISA y ERCE, para cubrir todos los aprendizajes relevantes sin largas horas de aplicación.

o Aprovechar mejor los resultados de las pruebas PISA para influir en políticas, planificación estratégica e intervenciones educativas, así como para mejorar su comunicación y difusión.

4. Ajustes curriculares y didácticos específicos:

o En Español, se propone una intervención inmediata y estructural en la enseñanza de la lectura, integrando un modelo centrado en la comprensión, aumentando el tiempo dedicado y aplicando estrategias progresivas para el desarrollo de habilidades lectoras. Se recomienda alinear las prácticas docentes con un enfoque comunicativo funcional, promoviendo la escritura como herramienta para el aprendizaje y la argumentación. También, diseñar una prueba estandarizada nacional de competencia escrita y una política de motivación hacia la escritura.

o En Matemáticas, fortalecer las habilidades docentes en mediación pedagógica, didácticas específicas, uso de herramientas digitales y la estrategia de resolución de problemas en contextos reales.

Estas recomendaciones buscan no solo subsanar los déficits actuales, sino también construir un sistema educativo más resiliente y equitativo que prepare a los estudiantes para los desafíos del siglo XXI.

Estado de la Educación, cap 2

 Resumen realizado por Gemini

La segunda parte del Informe Estado de la Educación 2025 analiza las tendencias y desafíos de la educación preescolar, básica y diversificada en Costa Rica durante el periodo 2023-20251.

Valoración general

La crisis educativa se ha profundizado en los últimos dos años debido a una mala gestión político-institucional, con decisiones sin sustento técnico que eliminaron programas y políticas educativas sin reemplazarlos por alternativas adecuadas2. Esto ha llevado a una "pobreza de aprendizajes" en los estudiantes3. El documento señala que la inversión pública en educación ha disminuido a niveles de hace dos décadas, afectando a la gestión y la calidad de los centros educativos4.

Hallazgos relevantes

El informe destaca varios hallazgos clave:

• Desempeño educativo: Costa Rica alcanzó su nivel más bajo en las pruebas PISA desde su primera participación5. Esto evidencia un colapso sostenido en el logro de aprendizaje, con un aumento en las brechas socioeconómicas y geográficas6.

• Brecha digital: Una alta proporción de estudiantes carece de las condiciones mínimas para aprender con tecnología7. El "hacinamiento tecnológico" es generalizado, afectando especialmente a los hogares rurales y de bajos ingresos8.

• Política educativa: Por primera vez en 20 años, el Ministerio de Educación Pública (MEP) no cuenta con un plan de trabajo ministerial formal9. Se eliminaron programas como el de Informática Educativa (PRONIE-FOD-MEP) y el de Afectividad y Sexualidad (Paysi) sin ofrecer alternativas equivalentes10.

• Condiciones docentes: El 41% de los docentes reporta condiciones laborales adversas y desgaste emocional11. Además, las pruebas de idoneidad docente, aprobadas en 2020, aún no se aplican, lo que debilita la calidad en el ingreso a la carrera12.

• Evaluaciones: Las pruebas estandarizadas nacionales aplicadas en 2023 tienen serias limitaciones técnicas, comprometiendo su utilidad para mejorar la política educativa13.

Conclusiones

El informe concluye que la mala gestión de la política pública se ha convertido en un factor activo de la crisis educativa14. Para revertir esta situación, se necesita una transformación basada en evidencia, liderazgo técnico y un compromiso político sostenido15. A pesar de la crisis, Costa Rica cuenta con una base sólida de logros históricos en educación, lo que proporciona una plataforma para retomar el rumbo16. El documento hace un llamado urgente a la acción para evitar que el sistema educativo consolide un modelo regresivo y excluyente17.

Estado de la Educación, cap 1

 

Resumen realizado por Gemini

El "Informe Estado de la Educación" 2025, de Costa Rica, señala que la crisis educativa se ha profundizado entre 2022 y 2024 debido a una serie de malas decisiones políticas.

Principales hallazgos del informe:

• Agravamiento de la crisis: El informe sostiene que la educación en Costa Rica se ha visto afectada por decisiones políticas erráticas e improvisadas que, en lugar de resolver la crisis, la han empeorado.

• Caída de la inversión: La inversión pública en educación cayó al 5% del PIB en 2025, el nivel más bajo en 40 años, similar al de 19803. Esto ha afectado especialmente a la educación primaria, los programas de equidad y la infraestructura.

• Falta de planificación: La administración del Ministerio de Educación Pública (MEP) no ha presentado una política educativa formal en los últimos tres años, lo que ha debilitado la capacidad de planificación estratégica y asignación de recursos.

• Decisiones ineficaces: Se han eliminado políticas y programas que funcionaban, como el Plan Integral de Nivelación de Aprendizajes (PINA) y el Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE), sin reemplazarlos por alternativas de igual o mejor calidad.

• Deficiencia en evaluaciones: Se eliminaron las pruebas de certificación y las pruebas FARO, y se implementaron nuevas evaluaciones estandarizadas de baja calidad técnica777. Los resultados de estas pruebas no son confiables, lo que dificulta la medición de los aprendizajes y la toma de decisiones para mejorar el sistema educativo.

• Pobreza de aprendizajes: Los estudiantes están avanzando en el sistema con serias carencias en aprendizajes básicos, lo que pone en riesgo su éxito académico y trayectoria educativa.

• Recomendaciones: El informe propone aprovechar las fortalezas históricas del sistema educativo, como su capacidad para ampliar el acceso y la cobertura, para salir de la crisis10. Se enfatiza la necesidad de un nuevo acuerdo nacional para garantizar el financiamiento y un plan estratégico con metas claras para mejorar la calidad educativa.

El informe insta a que la crisis se trate como una emergencia nacional que requiere una atención urgente a través de acciones inmediatas e impostergables, pero siempre dentro del marco legal vigente12. Además, hace un llamado a la ciudadanía a participar activamente para evitar decisiones improvisadas que afecten la educación.